Política de vivienda y Estado del Bienestar.

Explica Tony Judt en su famoso ensayo Algo va mal que "el consenso socialdemócrata y las instituciones del bienestar de las décadas de la posguerra coincidieron con algunos de los peores proyectos de urbanismo y viviendas públicas de los tiempos modernos". Quizás por ello no asociamos tan directamente las políticas de vivienda con el llamado Estado del bienestar como sí lo hacemos, por ejemplo, cuando hablamos de sanidad, pensiones o educación. La mayor parte de los discursos socialdemócratas al uso tienden a olvidarse de la vivienda, del derecho a una vivienda digna como uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. En España, la más que arraigada querencia por la vivienda en propiedad hace el resto.

Sin embargo, desde al menos el periodo de entreguerras, con las Hof vienesas entre otros ejemplos paradigmáticos, la vivienda es uno de los clásicos del Estado del bienestar europeo, parte constituyente y seña de identidad del socialismo democrático que debemos reivindicar. Por ello, la recuperación de la vivienda como preocupación, primero, después como elemento del discurso, y finalmente como eje de la acción del Gobierno socialista en España es una buena noticia para la progresiva recomposición del Estado del bienestar; como lo es, en el mismo sentido, la recuperación de la sanidad universal. El revés de la no convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, debido a la ceguera maximalista de Podemos, debe ser un acicate para perseverar en el camino emprendido.

Sanidad, educación y vivienda públicas constituyen los tres ámbitos redistributivos fundamentales del Estado del bienestar, que se completan con los otros pilares de la protección social en forma de pensiones de jubilación, subsidio de desempleo y ayudas sociales. Sin embargo, a pesar de ello, diversas razones han contribuido históricamente al desdibujamiento de la vivienda como elemento central de las políticas del bienestar, en particular en España, y sobre todo en los últimos años. Ser conscientes de ello es el primer paso para poder revertir esta situación.

Un modelo de vivienda pública de alquiler para la mayoría es algo innegablemente costoso para las arcas públicas y, hasta ahora, poco acorde con la mentalidad reinante de ahorro familiar mediante el ladrillo. Aunque lo cierto es que esto último ha empezado a cambiar con la crisis económica y las altas dosis de precariedad que ésta ha introducido en muchos ámbitos de nuestras vidas. Lo cierto es que los costes del actual sistema, que prima la vivienda particular en propiedad, son en realidad superiores económicamente, pero sobre todo social y medioambientalmente a la otra alternativa.

Aspirar a un servicio público de vivienda, como aspiramos en su día a un servicio de sanidad pública que hoy es una realidad y un orgullo, se presenta quizás como una tarea de varias generaciones. Pero es una tarea y un horizonte que conviene, cuando menos, enunciar si se quiere alcanzar. Sí, la vivienda es un servicio, no un bien mercantil exclusivamente. Y sí, debe ser un servicio público, puesto que es un derecho.

Por ello, la promoción de viviendas públicas de alquiler debería ser una constante, blindada presupuestariamente y protegida al máximo de los vaivenes económicos, para poder dotarnos, año a año, de un parque de alquiler creciente con el que dar servicio a la ciudadanía de forma permanente. Todo un cambio cultural que en Euskadi ya se ha iniciado y que se ha visto reforzado con la Ley de Vivienda de 2015.

No se trata de ser daneses, noruegos o suecos de la noche a la mañana, pero sí de dotarnos de un sistema que, aunque más modesto, se despliegue de forma sostenida en el tiempo. Debemos ser capaces de dotarnos de un servicio público de vivienda digno de ese nombre. Un sistema que, con un modelo de gestión eficaz, garantice el acceso a una vivienda de alquiler a la mayoría social que la demanda. Y que, además, lo haga de manera medioambientalmente sostenible y generando cohesión social, e incluyendo la dimensión temporal en su proyección a futuro. En otras palabras, un sistema que piensa en el ciclo de vida del parque residencial público de alquiler y sus inherentes costes de conservación, y que integra a su vez la variable del mantenimiento en las políticas de innovación.

La inversión en vivienda por parte de las administraciones es una política de futuro que permitirá, entre otras cosas, gestionar mejor y de forma más inteligente las futuras crisis económicas, que sin duda volverán. Al igual que las familias lo han hecho tradicionalmente hasta ahora, el Estado debe invertir en vivienda para proteger a la ciudadanía y, por tanto, para protegerse también a sí mismo. Los países que mejor han transitado la última crisis económica, mal que les pese a los neoliberales, son aquellos que tienen un Estado fuerte. Y un Estado fuerte es aquel que cuida y cobija a su ciudadanía, a su sociedad.

La política de vivienda es una batalla estratégica para el resurgir del Estado del bienestar que tanto necesitamos hoy en Europa, y en particular en España. Resulta clave que esa batalla la demos, y la ganemos, acompañándola con un urbanismo y una arquitectura amables, sostenibles e inclusivas.

Articulo publicado en el Diario Vasco y el Huffington Post en Enero de 2019.